Dos días de paro nacional en el Perú con el ejército en las calles

Los dos días de huelga nacional agraria, 8 y 9 de Julio, en el Perú promovida por diversas organizaciones, entre ellas la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederacíon Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) amenazan con paralizar el país y se convierten en un momento de rebelión contra el gobierno del Presidente Alan García. Este se ha mantenido sordo hasta la fecha a las distintas voces de protesta que se levantaban más o menos de forma aislada, y que es ahora –contrariamente- la manifestación de un movimiento bien organizado y, sobre todo, unitario. Un movimiento campesino e indígena bien estructurado al que se añadieron otros sectores, tales como los trabajadores del carbón y la minería, transportistas, trabajadores de la industria pesquera.

Un movimiento que además tiene un fuerte apoyo internacional obtenido por varias organizaciones no gubernamentales europeas (entre las cuales nuestro ASud), especialmente durante los días de la Cumbre de los Pueblos, llevada a cabo en Lima entre el 13 y el 16 de Mayo de este año, en contraposición a la cumbre institucional de los países de Europa y América Latina y el Caribe. Enlazando Alternativas es el nombre que se le dio a este gran proyecto de hermanamiento de intenciones y movimientos entre los dos continentes.

Y aunque en estos días el primer ministro Jorge del Castillo, también apoyado por una campaña mediática a través de la prensa y la televisión, ha tratado de minimizar el alcance de la huelga nacional, en una conferencia de prensa, hoy Antolín Huáscar Melchor, presidente de la CNA Confederación Campesina de Lima de Perú, y portavoz de las mayores asociaciones convocantes, como son:, Mario Palacios de CONACAMI, Miguel Palacín la CAOI, Luis VALER dela CUT-Perú y Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, sí sabemos que al menos que el 70% de los agricultores se adhiere a la huelga nacional. También añadió que debido a la ausencia del Estado en las zonas rurales y agrícolas del país se ha incrementado la pobreza y, al mismo tiempo, ha aumentado la pérdida de la diversidad biológica y cultural, produciéndose incluso una impresionante caída de las tierras de los campesinos.

Hoy, por lo menos, en seis regiones se han registrado protestas contra las últimas medidas adoptadas por el gobierno en la agricultura y la redistribución de la tierra. Estos son: Uyacali, Madre de Dios, Huánuco, Tacna, Puno, Ayacucho y Cusco. Prácticamente todas las regiones están dando detalles específicos y motivos de lucha y de protesta contra el gobierno de Alan García. La región amazónica de Madre de Dios, también conocida como capital de la biodiversidad de Perú está totalmente paralizada, en todos los sectores de la vida social. Indígenas, campesinos, empresarios, la minería y la madera, castaña productores, comerciantes, fueron en masa y con todos los medios a Puerto Maldonado, el más importante puerto de la región.

No es casualidad que en ese ámbito regional la protesta se haga sentir de manera especial. La tierra aquí es prácticamente el único medio de subsistencia de cientos de comunidades indígenas y campesinas, es su casa, su madre, la vida misma, en una melodía creada a través de los siglos. Las leyes promulgadas por el gobierno central tienden, realmente, a formalizar la expropiación de tierras que cultivan y habitan -por generaciones- los campesinos y pueblos indígenas. El DL 994, por ejemplo, aprobado por el gobierno en marzo del año pasado, facilita la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y alienta a las inversiones de las multinacionales extranjeras en el país. Especialmente alienta la inversión privada en proyectos de riego de zonas sin cultivar que se confiará a grandes inversores extranjeros, restando las tierras a los campesinos de la zona que podrían, con incentivos para cultivar y hacer productiva la región, y que son cada vez más excluidos en el momento de su gestión y explotación.

También en mayo se aprobó el DL 1015 de que "para la adquisición de bienes de la Comunidad a los propietarios de las tierras que poseen más de un año, el Acuerdo General de la Comunidad requerirá el voto favorable de no menos del cincuenta por ciento de la Comunidad." Prácticamente los agricultores consideran que su derecho a la tierra va a ser impugnada por el mejor postor. Y esto es especialmente grave sobre todo en algunas zonas rurales como la región de Huancavelica, en la sierra, que tiene 580 comunidades campesinas reconocidas oficialmente. De éstas al menos 100 no tienen la propiedad de sus tierras por no estar inscritas en los registros públicos. El mismo Ministro de Agricultura ha reconocido que a finales de 2007 alrededor de un millar de comunidades campesinas no estaban en posesión de título de propiedad de la tierra, ello debido al hecho de que en el Perú la transcripción de la propiedad en los registros públicos es voluntaria y no obligatoria. Si se aplica automáticamente el DL 1015 esas comunidades perderán todos los derechos sobre esas tierras, que han ejercido durante cientos de años, de generación en generación. Tierras que son ricas en materias primas aún no explotadas.

Las organizaciones también piden al Gobierno la adaptación de la legislación nacional vigente en el ámbito de la legislación laboral con los convenios internacionales y que cumplan con las directrices de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente de la segunda en la que se establece que no deberían hacerse más concesiones a las multinacionales que operan en la minería en los territorios pertenecientes a comunidades campesinas y nativas.

En Ayacucho se pide que EE.UU. retire las tropas desplegadas en su territorio para llevar a cabo acciones diz que humanitarias. En Trujillo la protesta será contra la privatización del puerto de Salaverry, la misma que está proyectada a hacerse de manera gradual en todo el país, lo cual manifiesta que el paro es una protesta contra los innumerables y diversos aspectos de una política neoliberal que vende la enorme cantidad de recursos y la riqueza al capital extranjero y que está haciendo de Perú uno de los últimos alumnos modelo del FMI y del BM en la región. Se protesta por mejores condiciones de trabajo como de los derechos sindicales que todavía se siguen negando; contra las actividades mineras en zonas con alto interés turístico, así como el pago de precios justos para los productos locales como el algodón.

Una protesta que todos debemos hacer, sobre todo por el temor que existe de que el gobierno ha implementado una serie de medidas de seguridad adoptadas de imponente militarización en el país. Con la Resolución Suprema No 242 a 2008-ED publicada ayer por el diario "El Peruano" el gobierno del presidente Alan García ha ordenado que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea debe poner a disposición recursos humanos y materiales para estos dos días de huelga nacional. Un coro unánime de voces se ha levantado en contra de la medida dispuesta por el gobierno, que se define como "inconstitucional" y "peligroso para la democracia" por algunos analistas políticos y sociales del país.

Muchos dirigentes sindicales responsabiliza al gobierno de cualquier episodio de violencia que pueda ocurrir en los próximos días, señalando que un Estado que pone las Fuerzas Armadas en la calle "es una provocación" y una respuesta "muy desproporcionada" en contra de una protesta "jurídica y prevista por la Constitución", dijo Carmela Sifuentes secrtaria de CGTP. La CGTP también confirma que elementos del ejército se infiltraron en todo el país. En Trujillo grupos de soldados fueron impuestos, sin información previa, a los dirigentes de la central de distribución de agua potable; y lo mismo ha ocurrido en las centrales eléctricas y aeropuertos en otros lugares del país. Asimismo se informó de la infiltración de elementos próximos al partido aprista en el sindicato, con el objetivo de dividir al interior y con el fin de sabotear la adhesión a la huelga y las iniciativas futuras. Lo que es cierto es que parece una guerra sucia que el gobierno está llevando a la peor forma posible en contra de una protesta legítima del pueblo que sólo quiere recordar a su presidente que ha olvidado las innumerables promesas de su campaña electoral.