Lunes 28 septiembre h. 11.30
He entregado la carta de la Red de Alerta Temprana y del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (programa conjunto OMCT/FIDH) al embajador.
Antes que todo cabe destacar que el encuentro se ha desarrollado en un clima de cooperación y escucha recíproca respecto a los temas abordados.
El embajador lejos del rol que estaba recubriendo me pareció humanamente interesado y preocupado respecto a los temas abordados, además que ya conocía el caso por mis comunicaciones precedentes. No obstante, él haya intentado defender como su rol requiría, el compromiso del gobierno hacia el respeto de los derechos humanos, ha sido bastante evidente la dificultad de hacer esto, ante los objeciones levantadas respecto al caso Paredes y al caso Rosendo Radilla, llevado en estos meses ante la Corte Interamericana de Defensa de Derechos Humanos. En el encuentro participó también la Sra. Laura Mora, primer secretario de asuntos políticos.
La Sra. Mora me dijo que ese asunto pone a ellos en muchas dificultades por lo que hace un año se habían comprometidos a comunicarme cualquier novedad en el caso que hubieran recibido por el gobierno comunicaciones pero ha pasado otro año sin que del Sr. Paredes se sepa algo.
Le he explicado que había pedido el encuentro como representante en Italia de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y que por lo tanto le iba a plantear unos pedidos acerca del caso Paredes y que sobre todo le iba a preguntar lo que el embajador hubiera podido hacer como representante diplomático en Italia.
Antes que todo le plantee el punto, como central, respecto al cierre del caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que se hayan hecho las gestiones ante la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La Sra Mora se asombró que no sabía nada de eso y lamentó el hecho que haya sido yo quien les informó y no el mismo gobierno cuando se recomendaron de estar al tanto de todas las novedades del caso Paredes.
Concordaron conmigo que cerrar un caso sin hacer o mostrar públicamente las gestiones con SEDENA y SIDEN es un trabajo incompleto y no bien hecho y que eso viola los derechos humanos de los familiares de Francisco Paredes que tienen derecho a toda la documentación completa del caso.
Le comenté que eso era uno de los puntos centrales de la carta que le estaba entregando y que era motivo de preocupación para nosotros.
Además les expresé nuestra preocupación acerca del hecho de que se intente involucrar a Francisco Paredes con el EPR se deba a sus trascursos en los años ’70 en el MAR y esta a su vez, se relacione con la desaparición unos pocos meses antes, el 26 de mayo del 2207, de los dos militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En ese caso también le hice notar a los dos funcionarios que la Comisión de Mediación constituida entre el Gobierno y el EPR por el momento ha puesto fin a las gestiones por las dificultades de que se abran interlocuciones con la SEDENA y CISEN, agregando que le parece raro a la misma Comisión que en ese caso, en donde es claro y testimoniado que el ejército mexicano haya participado en los hechos relacionados con la detención y desaparición de los dos eperredistas, la CNDH no haya dirigido la recomendación a la SEDENA y a al CISEN.
Le dije que esto acrecienta las dudas y las preocupaciones acerca de las gestiones ambiguas que la CNDH ha desarrollado también respecto al caso Paredes con las mismas SEDENA y CISEN.
Le manifesté la preocupación por las persecuciones y amenazas en contra de las hijas del Sr. Paredes, Cristina y Janahuy Paredes Lachino, hablándole de un hecho, del cual no tenían conocimiento, ocurrido en las oficinas de Extradiciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado entre las hijas de Francisco Paredes Ruiz, y el Fiscal Luis Francisco López del día 22 de enero 2009. Le pedí por lo tanto che que ellas cesen de ser hostigadas y que sea claro que el Sr. Paredes se encontraba desarrollando actividades políticas y sociales lícitas dentro de los marcos legales como defensor de derechos humanos.
El embajador me habló del compromiso del gobierno en tratar de reformar el ejército en el sentido del respecto de los derechos humanos y de su compromiso en hacer de eso una fuerza profesional y responsable. Me contó las dificultades en ese sentido ya que, me explicó el ejército a diferencia de cuanto pasa en Europa no es visto por los jóvenes como una carrera sino como algo provisorio en la espera de hacer algo diferente. Me dijo que frecuentemente se enfrentan por ejemplo, en el caso de la lucha al narcotráfico, jóvenes por un lado y por el otro, (ejército y narcos) que ni siquiera alcanzan a los 2O/25 años. Y eso me dijo es un reto importante del gobierno.
Le señalé entonces que si el gobierno quisiera demostrar verdaderamente su compromiso con el respeto de los derechos humanos podría por ejemplo, respecto al caso de Rosendo Radilla desaparecido en 1974, en donde el Estado está siendo juzgado en estos meses por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, abrir los fascículos respecto a fechas y nombres de los responsables de ese crimen, ya que el Secretario de Gobernación Mont a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el gobierno acepta la desaparición forzada de Rosendo Radilla . Le hablé además, de la incongruencia al no aceptar la competencia de la Corte por el mismo Secretario de Gobernación y que eso de hecho favorece la impunidad, un cáncer - le dije - de su país.
El embajador me pareció muy sensible a este tema y compartió conmigo preocupaciones cerca de eso, aunque me dijo, el Secretario de Gobernación actuó con esta postura sin poder hacer diversamente, porqué el Ejército, en un país en donde esa fuerza tiene una posición tan central tiene un rol estabilizador. Eso al fin es el grande problema de la impunidad en el país.
Además, me explicó que los mayores problemas al momento en México respecto a la impunidad se registran en la Policía Municipal, más difícil de controlar y que tiene plena libertad y controlo en territorios pequeños. El reto del gobierno en ese sentido es el de profesionalizar esa Policía, me dijo.
Otro tema central de nuestro encuentro ha sido el rol del Fuero Militar y del Ejército en la sociedad del país, respecto al cual le expresé nuestra preocupación cerca del hecho de que todavía crímenes cometidos por militares contra civiles siguen siendo juzgados por el Fuero Militar. El embajador coincidió perfectamente conmigo en este tema y le pedí por lo tanto que inste a que el Senado de la República levante la restricción a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas sobre el Fuero Militar.
Además le pedí que fuera imperante al fin, que inste que el Congreso retome el proyecto de la Ley General sobre Desaparición Forzada de personas como demostración práctica de su compromiso por la defensa de los derechos humanos.
El embajador asumió el compromiso de enviar a su gobierno todos mis pedidos entre el día siguiente esperando me dijo “de tener una muy pronta respuesta, sea por poder contestar a ustedes que tanto hacen por esos casos, sea porqué sería una demostración práctica que el gobierno está haciendo verdaderamente algo por el respecto de los derechos humanos”.
Concordamos de quedarnos en contacto por el futuro.
Me parece importante destacar que la Sra. Mora me pidió si en otros países de Europa habían otros grupo de apoyo al caso u otras asociaciones que estaban tomando el caso, le dije que algo había. Esa pregunta es importante, demuestra que la presión internacional fuera de las fronteras nacionales puede hacer algo y que las representaciones diplomáticas le hacen caso a eso.
Annalisa Melandri
colaboradora Italia Limeddh